Tulio Núñez, General Counsel de Koibanx, en conversación con Cointelegraph en Español compartió su visión acerca de los desafíos que enfrenta El Salvador a la hora de implementar las últimas reformas de la Ley LEAD (Ley de Emisión de Activos Digitales) dictada en 2023.
“La reforma legislativa de la LEAD ofrece un camino promisorio hacia un futuro financiero más innovador e incluyente, pero el éxito dependerá de la gestión prudente y estratégica de los riesgos y la capacidad que todos los actores involucrados (reguladores y supervisores, empresas prestadoras de servicios y usuarios) logren para adaptarse a un panorama digital en constante evolución”, aseguró.
Según Núñez, desde la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, El Salvador se ha posicionado como un pionero indiscutible en la regulación de tecnologías financieras emergentes “y, con ello, en un centro donde han surgido nuevos campos de negocios y proyectos que están impactando de forma muy positiva la oferta de productos financieros, y de inversión por parte del sistema financiero, a una población ávida de soluciones reales para el manejo de su economía personal, familiar y empresarial”.
Sin embargo, advirtió que si bien la apuesta por la innovación brinda enormes oportunidades, también presenta desafíos significativos.
La LEAD y la democratización del acceso al capital
“La LEAD, sin duda, representa hasta ahora el marco legal más avanzado para la tokenización de activos reales y la regulación de proveedores de servicios de activos digitales en la región”, afirmó Núñez.
De acuerdo al General Counsel de Koibanx, uno de los principales beneficios de convertir activos tradicionales en tokens digitales (asset backed tokens) es la transparencia que brinda la tecnología blockchain, que posibilita llevar a cabo el registro y trazabilidad de cada token representativo, y la inmutabilidad que permite que la representación criptográfica, que no puede ser borrada ni alterada.
“Todo este marco tiene el potencial de democratizar el acceso al capital, por la reducción de barreras de entrada a la inversión al tokenizar un activo y habilitarlo en tantas fracciones sean necesarias para la inversión, así como atraer inversión extranjera”, manifestó.
No obstante, Núñez observó que es importante reconocer los desafíos inherentes que traen este tipo de nuevas tecnologías financieras; tanto como la volatilidad del precio de bitcoin y demás activos digitales, y la falta de educación financiera que existe en ciertos sectores de la sociedad latinoamericana, lo que se traduce en una mayor exposición a diferentes riesgos.
Otros de los riesgos clave, según Núñez, son el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, riesgos operativos, aspectos de ciberseguridad y seguridad de la información. Y agregó:
“No es casual la visita que llevó a cabo el Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT) a El Salvador, a principios de 2024, para ejecutar el proceso de evaluación mutua, en el que se dieron reuniones para verificar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Regulación vigente y reforma del 2024
Núñez destacó que en el mes de octubre de 2024 fue aprobado el proyecto de reforma de la LEAD con la finalidad de ampliar las facultades legales de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) y proteger el ecosistema digital y la innovación manteniendo estándares de cumplimiento normativo y supervisión basado en riesgos.
“La reforma aprobada ha incluido en el marco regulatorio las ofertas privadas de activos digitales y a los Proveedores de Servicios Bitcoin (regulados por la Ley Bitcoin de 2021), esto en virtud de la también reforma que procedió sobre la Ley Bitcoin y que suprimió la calificación de Bitcoin como ‘moneda de curso legal’ en El Salvador”, expresó.
Según Núñez, la reforma, aún pendiente de ratificación por parte del Poder Ejecutivo, se ha centrado en los siguientes puntos:
1. Facultades de la CNAD: se incluyó entre las facultades de la CNAD la aplicación de la Ley Bitcoin y sus respectivos reglamentos e instructivos. La CNAD podrá, a partir de la ratificación de la reforma:
- Autorizar, suspender o cancelar la emisión de ofertas públicas y privadas que violen las disposiciones de la LEAD y su reglamento.
- Administrar y actualizar el registro de Proveedores de Servicios de Bitcoin (PSB).
- Autorizar, denegar, suspender, revocar y cancelar el registro de los PSB.
- Examinar, vigilar y fiscalizar las actividades de los PSB.
- Establecer tasas y cobros adicionales a las ya existentes.
2. Sobre los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD): sólo las personas jurídicas podrán obtener la autorización y registro como PSAD.
3. Sobre los Proveedores de Servicios Bitcoin (PSB): la reforma legislativa procura regular el registro, los requisitos, normas de conducta, autorización de inicio de operaciones y suspensión o término de las mismas de los PSB, entre los cuales se incluyen a los custodios, casas de cambio o “exchanges” y procesadores de pago o billeteras digitales.
4. Sobre las ofertas de activos digitales: la reforma incorpora las razones literales que deben incluirse en el Documento de Información Relevante o de Información Esencial de Emisiones Privadas, según corresponda.
5. Exenciones tributarias: se incluyen expresamente a las ofertas privadas en las actividades que gozan de beneficios fiscales.
6. Régimen sancionatorio: se prohíbe expresamente operar con activos digitales sin autorización, lo que restringe la actividad no regulada, en tal sentido, se establece un plazo de prescripción de 5 años para iniciar procesos sancionatorios. Del mismo modo, se habilita a la CNAD para sancionar incumplimientos con multas de hasta 1.200 salarios mínimos del sector comercio para personas jurídicas y hasta 500 salarios mínimos para personas naturales.
Gestión y transparencia
De acuerdo a Núñez, desde la perspectiva de los reguladores y supervisores, será clave lograr la amplitud de criterios técnicos y agilidad en la actualización sobre avances tecnológicos para facilitar la gestión. Por parte de los PSAD y PSB, será fundamental una gestión idónea de riesgos de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, riesgos operativos, aspectos de ciberseguridad y seguridad de la información.
“También es importante fortalecer las medidas de protección al usuario que garanticen una adecuada prestación de los servicios; y, de parte de los usuarios, profundizar conocimientos relacionados con educación financiera que les permitan lograr un mejor entendimiento de los diferentes productos y servicios por los que podrán optar para la gestión de sus recursos”, concluyó.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
EN 
ES